LA REFORMA DEFORMA
El proyecto de Reforma de la Ley de Educación Provincial Nº 8113 que se pondrá a consideración de los docentes de Córdoba este 28 de julio es cuestionable por las grandes irregularidades presentes desde su gestación hasta la simulación de consulta que se propone, pasando por su elaboración y por muchos de sus participantes.
Su proceso de redacción no tuvo como protagonistas a los principales destinatarios: alumnos/as y docentes. La UEPC integra formalmente el Consejo Provincial de Políticas Educativas (CPPE) creado en la gestión de Schiaretti para redactar el proyecto de ley, pero la conducción celeste no convocó a las bases ni a los delegados para elegir representantes ni para recabar propuestas. Nuestro gremio tampoco socializó en las escuelas ningún avance, estado de situación ni toma de postura al respecto (en contrapartida, sí lo hicieron, por ejemplo, Consejos que nuclean a la educación católica y/o privada). Sólo se publicó un borrador parcial en el sitio web luego de haberse consensuado 40 artículos con el CPPE.
Éste último también está compuesto por asociaciones empresariales y educativas privadas que se han involucrado directamente a través de diferentes acciones. Las fundaciones Arcor y Minetti a partir de la Iniciativa Juntos por la Educación se han posicionado frente a las políticas educativas en los últimos años. Su intervención y formación de opinión se cristalizó a través de charlas y jornadas, programas y líneas de acción, publicaciones editoriales y hasta un suplemento especial publicado en La Voz del Interior (“La educación que queremos”, Fundación Arcor, 06/5/10).
Ambas fundaciones también forman parte de Empresarios por la Educación Córdoba (ExE Cba.) que tiene como misión “articular aportes del sector empresarial, que incidan en las políticas públicas…”, según se presentan en su sitio web. Estas estrategias de intervención se complementan con el micro Voces por la Educación (con una llamativa similitud en el nombre con la Iniciativa) difundido en la Cadena 3 diariamente y a través de su blog digital, donde las voces son sólo oficiales y a favor del proyecto de ley.
Con estos antecedentes, nos preguntamos: ¿Quiénes son los actores sociales que deben construir la educación de Córdoba? ¿Las grandes empresas privadas junto a los medios monopólicos? Hasta ahora, parece que en la planificación de políticas educativas tiene mucho más peso la voluntad de injerencia de estos sectores, que la de los verdaderos protagonistas: los trabajadores de la educación, alumnos y comunidad en general.
Sin embargo, esto no es novedoso para los docentes de Córdoba. A comienzos de este año nos encontramos con una reforma en el CBU impuesta sin ningún tipo de consulta que anticipó los objetivos y las intencionalidades de este proyecto de ley. La pérdida de horas de educación artística e historia es un claro ejemplo de cómo con el discurso del “saber hacer” -de la “formación para el mundo del trabajo”-, se reduce la carga horaria de materias que brindan herramientas para pensar la sociedad en que vivimos. Herramientas que permiten formar sujetos críticos y activos, con capacidad para expresarse. En su lugar, se reproduce un conocimiento prefabricado sin ninguna posibilidad de ser cuestionado, se coarta la libertad de expresión del estudiante, sobre todo de quienes se forman en la educación pública.
Es evidente que el sentido de la reforma gira en torno a una escuela concebida como unidad de producción, con pasantías y prácticas en empresas, formando estrictamente para el trabajo asalariado. Si las políticas educativas se adaptan a las necesidades de las empresas, los docentes estaremos trabajando para ellas. Bajo esta concepción se deja fuera del debate la función social de la educación y, con ello, la formación de sujetos libres con una visión crítica de la sociedad, la educación para la libertad y la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.
PSEUDOCONSULTA
El instrumento de consulta es limitado, insuficiente y nada representativo. Se pretende que en una sola jornada institucional los docentes leamos más de 100 artículos, tomemos posición sobre cada uno de ellos y completemos una grilla optando por las opciones de “sí” o “no”, con un pequeño espacio para propuestas. No se facilita la Ley provincial vigente ni la de Educación Nacional Nº26.206 para establecer comparaciones y hacer un análisis más pormenorizado sobre qué se quitó o cambió. Tampoco hay espacio para aportes por fuera de los artículos ya propuestos. Cabe agregar que, según los instructivos, los directivos tienen solo 48hs. para sistematizar y enviar esos supuestos aportes, ya que a partir del 1º de agosto el Ministerio de Educación no los recibirá.
FUENTES CONSULTADAS: www.fundacionminetti.org.ar – www.fundacionarcor.org - www.exe.org.ar - www.uepc.org.ar – www.cadena3.com – www.cba.gov.ar – www.lavoz.com.ar
Para concluir, el eje que no debemos perder en este análisis está contenido en las respuestas a las preguntas: ¿qué sociedad queremos? y ¿qué educación hace un aporte significativo a la construcción de dicha sociedad? Es por esto que, más allá de los fines que para la educación plantea este proyecto de ley (formación de ciudadanía, formación para el trabajo y formación para seguir estudios superiores), cuestiones como la marginación y pobreza, discriminación, contexto de desocupación creciente y violencia, no deberían ser dejadas de lado en los objetivos y funciones que se le atribuyen a la educación formal.
Por otra parte, los tres objetivos planteados desde una política educativa focalizada, nos hace pensar en la permanencia de los circuitos educativos ya existentes que se consolidarán bajo esta ley. Así, tendremos escuelas asistencialistas (comedor, ropero, etc), escuelas formadoras de mano de obra flexible y barata, escuelas donde se enseñe para el ingreso a estudios superiores, cada una con sus matices pero focalizadas en su contexto y función.
Ahora más que nunca debemos poner en diálogo nuestras esperanzas y utopías sobre la sociedad que queremos. Si los docentes sabemos algo es el cómo hacer la escuela cada día y contribuir desde allí a reconstruir el tejido social destruido por las políticas neoliberales que se aplican en la provincia -y no sólo-desde hace décadas.
HERRAMIENTAS PARA LA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY
Las invitamos compañeras y compañeros, a que, con proyecto en mano, observemos y cuestionemos dicha propuesta:
TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Principios generales y fines de la educación. Desde este primer capítulo encontramos una serie de aspectos muy importantes:
La mercantilización de la educación. A pesar de que en algunos artículos pareciera negarse esto, en otros se sostiene que la educación puede ser tanto de “gestión pública” como de “gestión privada”, concibiendola como un área para la que daría igual ser “gestionada” por el Estado y por una empresa privada.
La laicidad de la enseñanza. En ningún lugar de la ley se afirma que la enseñanza pública deba ser laica. Si bien se explicita que la educación estará “exenta de dogmatismos de cualquier tipo” (art.3), en reiteradas ocasiones (art. 4, 11 y 35) se promueve la educación religiosa en la enseñanza pública. Entendemos que la religión corresponde a un aspecto de la vida privada, y que además ya cuenta con instituciones (las iglesias) creadas y sostenidas específicamente para ese fin. Pensamos que una ley educativa debe enfocarse en la responsabilidad del Estado frente a la educación, ya que se trata de un derecho universal de toda la población; en tanto, la opción religiosa es una elección individual, diversa y correspondiente a las decisiones privadas de sujetos particulares y que, para su ejercicio, no se la requiere en las instituciones educativas.
Derecho a la educación
El proyecto de Ley atenta contra el carácter universal del derecho a la educación, ya que, si bien plantea que “el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo (…) condiciones equitativas…”, expresa también que pondrá mayor énfasis en “situaciones socioeconómicas desfavorables” (art. 5 y 6). Especificación que tiende a la focalización de la política, destinando recursos para algunas escuelas y no para otras, estratificando las escuelas según las condiciones socioeconómicas de los alumnos que allí asisten. Estamos convencidos que la educación es un derecho universal y el Estado es el responsable primordial, por lo cual debe garantizarla instrumentando todos los medios necesarios para la “inclusión educativa y la protección integral” de todos los niños, jóvenes y adultos en el territorio provincial.
El proyecto de ley atenta contra la democratización de la educación, ya que se eliminó de la ley vigente (sin que eso esté destacado en el borrador que circuló para el debate) el DERECHO de docentes, padres y alumnos, a participar en el GOBIERNO del centro educativo. Este derecho, que se garantizaba en los art. 6, 7 y 8, es reemplazado por la “participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional”. Si bien se reconoce el derecho del docente a participar “en el gobierno de la educación por sí o a través de sus representantes” (art.7, inc. i), su injerencia es ostensiblemente menor.
En el Título Primero se incluyen artículos de dudoso cumplimiento, de lo que se desprenden numerosos interrogantes:
¿Cómo desempeñaremos nuestra profesión “mediante la acreditación de los títulos y certificaciones”, con la cantidad de irregularidades y dificultades en la Lista de Orden de Méritos (LOM) y teniendo en cuenta que hoy se nombran docentes a dedo?
¿En qué tiempo real participaremos de la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela -que no implique mayor desgaste y mayor precarización-, si no se contemplan horas institucionales para tal fin?
¿Qué significa hoy tener derecho a un “salario digno”, si nos niegan los aumentos que nos permitirían alcanzar una canasta básica integral?
¿Cómo cumpliremos con nuestro deber de “capacitarnos y actualizarnos en forma permanente” sin que implique gastos de nuestros bolsillos, y siendo que abundan cursos de mala calidad que sirven de negocio para aquellos que monopolizan los espacios de formación docente con puntaje oficial? ¿Por qué la propuesta de reforma no especifica ninguna instancia concreta que nos brinde esa formación que supuestamente se nos garantiza?
TÍTULO SEGUNDO: EL SISTEMA EDUCATIVO
De nuevo encontramos expresiones generales que bien pueden volverse letra muerta, si no se destinan recursos y se crean instituciones a tal fin: ¿Cómo garantiza el Estado “la articulación vertical que asegure la continuidad pedagógica entre los sucesivos niveles y la adecuada coordinación entre sus respectivos organismos administrativos”? ¿Y cómo se instrumenta “la articulación horizontal, que posibilite el pasaje entre modalidades, carreras y establecimientos de un mismo nivel”? ¿Cuáles serán los tiempos, los recursos, los actores y los espacios para poder llevarlo a cabo?
Asimismo, es llamativa la ambigüedad de las citadas “políticas necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación” (art. 19). Mientras que en otros aspectos el proyecto reglamenta con detalle, cuando se trata de asegurar la calidad de la educación, se usan expresiones generales como “Procurar”, “Propiciar”, “Renovar”… Esto es más grave si vemos que el Estado ni siquiera garantiza los recursos para ello, los que, según el art. 19, pueden provenir de “aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones”. Mmm…
Estructura del Sistema Educativo
En el apartado de Educación Inicial, encontramos una falacia que raya el cinismo: se reconoce que aquélla constituye la “primera unidad pedagógica” en la formación. Entonces, el Estado debería garantizarla (de manera universal) a partir de los primeros meses de edad del educando, y no solamente desde las “salas para niños de 3 años” como expresa el art. 27. Es evidente la importancia de este nivel para el desarrollo de los niños, y es notoria la desigualdad que se genera entre quienes pueden pagar una sala privada y quienes no pueden hacerlo.
Es problemática también la figura de la “jornada extendida o completa” -ya anunciada públicamente para el segundo semestre-, la cual no se encuentra fundamentada en las necesidades de formación integral de los alumnos. Además, se implementará aumentando la precarización: para el docente significará más horas de trabajo para acceder a un salario mayor. Un sueldo digno debería lograrse sin aumentar las horas de trabajo. Asimismo, esta jornada se genera sin ninguna regulación (quedando a discreción de las direcciones de los colegios) y sin crearse nuevos cargos.
Pero más cuestionable es, para nosotros, el fin que se persigue con la formación técnico-profesional. La institucionalización de la figura de “pasante” para los alumnos, a pesar de que se haga énfasis en su carácter “formativo”, termina siendo un instrumento que brinda mano de obra barata a las empresas, a las que, además, exime de los costos que les deberían corresponder para capacitar técnicamente a sus propios empleados.
Otro aspecto muy importante es que el docente será el encargado de acompañar y hacerse cargo de los alumnos durante las pasantías, responsabilizándose por la “seguridad”, “auditoría”, “dirección” y “control” de sus alumnos. Nos preguntamos: ¿qué resguardo legal tiene el docente? ¿por qué debe afrontar él la responsabilidad ante los riesgos laborales?
Por otra parte, si observamos los arts. 62 a 64, la escuela tiende a asemejarse a una unidad de producción, orientando la práctica educativa a partir de criterios técnicos y económicos. Así queda habilitada a administrar autónomamente los bienes que produzca y a integrarse con entidades productivas, lo que atenta contra el carácter central de la práctica educativa.
TÍTULO TERCERO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
La creación del Consejo Provincial de Políticas Educativas y el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo conformados -entre otros actores- por empresas, hace explícita la orientación de la política educativa hacia una lógica mercantil. Ante esto quedan más claras las incógnitas ¿educación para quién, para qué, en función de qué?
TÍTULO CUARTO: FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
Sobre el financiamiento del sistema educativo, encontramos dos puntos problemáticos:
Primero, que la propuesta establece una proporción que no podrá ser menor al 30% del presupuesto anual ejecutado. Si bien la ley hasta hoy vigente estipula el 25%, el mismo se refiere a los recursos presupuestarios y financieros del presupuesto del año en curso. El porcentaje propuesto ahora se eleva un 5%, pero lo hace sobre la base del año anterior; si tenemos en cuenta la inflación anual, el monto real del presupuesto, seguramente será menor al establecido hasta la actualidad.
Segundo, que el conjunto del financiamiento se delega en una “ley especial”, sin que quede claro si el Estado garantizará el total de los recursos necesarios. Nada se dice aquí sobre el auto-financiamiento de los centros educativos estatales, el que puede ser habilitado entonces a través de esa “ley especial”.
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CONTEXTO DEL PROYECTO
No sin intención ni sin causas, en las últimas décadas se ha naturalizado la idea de que lo político, lo gremial -lo público, en general- son ámbitos corrompidos y que esa característica es prácticamente inherente a dichos ámbitos. En contrapartida, ha venido predominando la idea de que lo empresarial y los intereses privados son espacios inocuos, inofensivos e, incluso, beneficiosos para la comunidad. Dicha construcción del pensamiento social no es casual. Medios institucionales y de comunicación privados han promovido esa sensación, logrando en mayor o menor medida el alejamiento de los espacios públicos por parte de nosotros: sujetos que cooperativamente somos capaces de participar en la construcción de una realidad que enriquezca en valores a nuestras niñas y niños y que contenga a nuestros jóvenes. Ahora bien, si admitimos que la Escuela tiene mínimamente “algo” que ver con eso, ¿por qué delegar en empresarios y sectores corporativos un rol que mejor le cabe a madres, padres y docentes? ¿Por qué asumir como natural que alguien este haciendo para su beneficio lo que nos toca?
POR UNA LEY NUESTRA
Como AGRUPACIÓN DOCENTE MARÍA SALEME, pensamos que el sistema educativo necesita grandes cambios, entre ellos una nueva ley de educación, pero no una de signo mercantilista como la que hoy se nos presenta para un falso debate. No creemos en una ley que busca reproducir un sistema social injusto y excluyente. Por ello estamos convencidos de que una nueva ley de educación que apunte a transformar las condiciones injustas de la sociedad actual debe ser fruto de un debate amplio, horizontal y democrático de todos los actores que participan en el ámbito educativo.
Por eso, creemos oportuno convocarnos en un Congreso Provincial de Educación, a fin de generar un Proyecto que construya la Escuela que necesitamos, que contenga educativamente a los alumnos y asegure la estabilidad laboral docente. Pensamos que debemos enfocar el debate en el sujeto que buscamos formar y a partir de allí pensar qué ley sería la herramienta adecuada para tal fin.
Está ley debería dejar bien claro algo que la actual reforma no hace: que la educación debe ser responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar que ella sea obligatoria, laica, y gratuita.
Otra cuestión que deseamos poner en relieve es que la participación en la construcción de una ley también implica la participación en la reglamentación de la misma, para asegurar que en su aplicación se conserve su espíritu. Vale esto también para la discusión sobre la curricula y la articulación entre los niveles.
Por otro lado, pensamos que una nueva ley debe avanzar en una implementación seria en todas las escuelas de gabinetes psicopedagógicos capacitados para atender los crecientes problemas que surgen en los ámbitos educativos, en la concentración horaria de los docentes de nivel medio y en horas institucionales para planificar y articular.
Finalmente, bregamos por una ley que vaya en sentido contrario a las reformas que este año viene impulsando el gobierno, las cuales sólo apuntan a que le cierren positivamente sus estadísticas anuales pero que no provocan ninguna transformación de fondo en el deteriorado sistema educativo; reformas que precarizan cada vez más la labor docente y la educación en general.
Es imprescindible que comprendamos que la participación en la construcción del conocimiento es un aspecto propio de nuestra labor docente, un espacio que no debemos abandonar. Asumirse como protagonistas, tanto en el diseño de la ley de educación como en todo lo atinente al ejercicio docente, es comenzar a asumir la responsabilidad en la socialización del conocimiento.
Antes de llevar adelante una reforma pensada en el Primer Mundo, nosotros debemos asumir el Tercero y saber por qué estamos en él. Saber que el Primer Mundo es diferente y pensar si lo vamos a elegir o no. O preguntarnos si nosotros vamos a organizarnos para tener un mundo distinto, un mundo sin diferencias –o con fallas menores-, un mundo sin la injusticia de la Justicia, un mundo donde todos sepan realmente quiénes somos, y esto no está en el espíritu de la reforma, a pesar de que se habla de equidad e igualdad.
María Saleme (1996)
